España impulsará una ley europea antiP2P
La presidencia española de la UE pretende homogeneizar las legislaciones de la propiedad intelectual en Internet. De la Vega asegura que se tendrá en cuenta a “todos los sectores” en la nueva regulación
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El Gobierno aprovechará el semestre de la presidencia española de la Unión Europea, que asumirá el 1 de enero de 2010, para intentar “armonizar posiciones” en el debate abierto sobre la manera de conciliar la defensa de la propiedad intelectual con la libertad de expresión en la Red.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que coordina los preparativos de la presidencia europea, confirmó ayer que “se lleva tiempo trabajando en buscar elementos comunes que puedan ser aplicables en toda Europa”. Si bien todos los países miembros de la UE están de acuerdo en establecer conjuntamente al menos unos criterios mínimos, la armonización sería mayor o menor en función del instrumento jurídico que se utilice. Estas declaraciones están en la línea de las realizadas esta semana por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que destacó que la propiedad intelectual no es un tema que preocupe sólo en España. “Nuestros colegas del Parlamento Europeo y la Comisión también están pendientes de ello”.
Fernández de la Vega intentaba con sus declaraciones apoyar el esfuerzo del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que el jueves aseguró que su Gobierno no cerrará páginas web, en un intento de apaciguar el incendio provocado en la Red por el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. En una de las medidas contenidas en ese proyecto, se prevé que un organismo administrativo decida a instancias de parte el cierre de páginas que violen la propiedad intelectual.
La regulación de las descargas en Internet está siendo un problema complejo de resolver en toda Europa. La votación definitiva del paquete Telecom, que tuvo lugar la semana pasada en Estrasburgo, dejaba en manos de los Estados la posibilidad de cortar la conexión de los usuarios que descargan contenidos con copyright. El texto previo que hablaba de “una orden judicial previa” se sustituyó por el derecho a “una revisión judicial efectiva y en el momento oportuno”.
Pero un modelo único es, en este momento, muy difícil de conseguir. Francia cortará la conexión de los usuarios que descargan, utilizando para ello una autoridad administrativa. Reino Unido también se lo está planteando, y ha dejado en manos del órgano regulador de las telecomunicaciones de ese país la vigilancia de los internautas. Suecia, por su parte, también ha emprendido su particular batalla contra los usuarios que descargan y las páginas de enlaces.
España desarrollará un modelo propio para proteger los derechos de autor
España no seguirá el mismo camino de estos países. La intervención del juez para el cierre de páginas web está asegurada “en todo caso” , según fuentes gubernamentales, ya que las decisiones administrativas también están sujetas a supervisión judicial. La cuestión estriba en determinar “en qué momento se judicializa” la decisión, declaró ayer De la Vega. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cuyo trabajo en este sentido fue calificado como “acertado” por De la Vega, ha destacado en varias ocasiones que España desarrollará un modelo propio para proteger los derechos de autor. Ni se cortará la conexión por descargas ni se reducirá la velocidad de la navegación.
La voz de los internautas
De la Vega subrayó, además, que ahora “es el momento adecuado para debatir”, ya que aún queda un recorrido largo hasta que el texto se convierta en ley. En referencia al proceso que se abre después de la presentación del anteproyecto, la vicepresidenta precisó que ahora se inicia un proceso de información y conformación, “donde estudiaremos todo”.
Ese recorrido se hará, según detalló ayer, “de la mano de todos los sectores que tienen algo que decir” y “sin escatimar esfuerzos para aglutinar posturas”, siendo consciente de que se trata de un asunto “complejo y con muchas vertientes”.
La portavoz gubernamental pidió que el debate no se plantee como “un enfrentamiento”. “Es posible potenciar la cultura, también como motor de crecimiento económico y social, y no de espaldas al desarrollo de la sociedad de información. No tienen por qué vivir de espaldas y no van a vivir de espaldas”, dijo. El objetivo es “encontrar la fórmula más eficaz y garantista”.
La secretaria general de innovación y nuevas tecnologías de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María González, insiste en que la redacción del anteproyecto es sólo un comienzo. “Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos con todas las partes”, dice. El problema que subyace, y el que han destacado algunos de los expertos más destacados de Internet, es por qué el Gobierno no se reunió antes de elaborar el anteproyecto con los internautas para escuchar su opinión sobre él. “El anteproyecto se plantea desde el principio con la voluntad de incluir un proceso de participación, añadiendo las perspectivas de los distintos sectores”, explica González de forma tajante, y rechaza la idea de que Cultura tomase la decisión de reunirse con expertos de Internet a raíz de la revolución surgida en la Red. “El reglamento lo va a definir todo”, añade.
